Nueve organizaciones suecas que trabajan por los derechos humanos en Colombia y miembros de la plataforma Sueca por Colombia, hacen un llamado al gobierno y los parlamentarios suecos a condenar públicamente la violencia contra las personas que participan en las demostraciones en Colombia y exigir una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas, así como fortalecer los mecanismos de seguimiento y las exigencias al gobierno colombiano sobre el uso de los recursos suecos y europeos destinados a la implementación del acuerdo de paz.

Desde el 28 de abril se inició con grandes manifestaciones en más de 100 de los municipios de Colombia, el paro general indefinido. El trasfondo es un descontento generalizado con la política del gobierno, en particular el manejo de la pandemia y los asesinatos de líderes sociales. El factor desencadenante fue la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno. Esta entre otras cosas incluía subir el IVA a los bienes de consumo básicos, afectando a los más pobres.

En la tercera ciudad más grande del país, Cali, la policía abrió fuego contra los manifestantes el 3 de mayo. Durante las protestas han perdido hasta el momento la vida al menos 24 personas, aparentemente como resultado de la violencia excesiva de la policía antidisturbios, 1180 personas han sido detenidas, 380 han resultado heridas y 15 personas han sido víctimas de violencia de género. Además, se han desplegado fuerzas militares para controlar la situación.

Este año se cumple el quinto aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc. A pesar de que se han logrado algunos avances, 904 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde su firma y lamentablemente, esta tendencia se mantiene. La violencia se ha intensificado especialmente en el pacífico y en el noreste de Colombia, provocando nuevos desplazamientos forzosos, el confinamiento de varias comunidades y afectando el suministro de alimentos hacia los territorios afectados. La ya grave situación humanitaria se ha profundizado como consecuencia de la pandemia, golpeando a los más vulnerables y ampliando así las brechas.

Al mismo tiempo, se ha reforzado la presencia militar en todo el país y el gobierno colombiano ha anunciado sus planes de adquirir una flota de aviones de combate, cabe anotar que la empresa sueca Saab ha realizado una importante campaña de marketing. El 5 de mayo y tras la presión lograda con las protestas, el ministro de finanzas colombiano retiro la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno.

El uso desproporcionado de la violencia militar y policial durante las protestas debe ser analizado por lo tanto desde una perspectiva más amplia, al representar una amenaza adicional para la implementación del acuerdo de paz. Los abajo firmantes representamos a 9 organizaciones suecas que trabajan por los derechos humanos en Colombia, formamos parte de Plataforma Sueca por Colombia y de las plataformas europeas OIDHACO y EU-LAT, estas trabajan por la solidaridad y la promoción de los derechos humanos en Colombia y América Latina. En este momento, tiene lugar una campaña para frenar la violencia, pero también para visibilizar los problemas que subyacen a los conflictos que tienen lugar en Colombia.

Suecia acaba de adoptar una nueva estrategia de cooperación para el desarrollo con Colombia, y acogemos con satisfacción, la continuación del apoyo a la implementación del acuerdo, la construcción de la paz y la eliminación de las causas profundas del conflicto.

El 29 de abril, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en apoyo al Acuerdo de Paz con motivo de su quinto aniversario. La resolución reitera el compromiso histórico del Parlamento Europeo con el Acuerdo, posicionándolo en el debate europeo.

En este contexto de situación de emergencia actual y de acuerdo con la política de desarrollo global, pedimos al gobierno sueco y a los miembros del parlamento:

  • Que al igual que el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la UE, Josep Borell, se condenen públicamente la represión y la violencia desproporcionada contra las protestas pacíficas en Colombia, y pedir a otras personas responsables de la toma de decisiones hacer lo mismo.
  • Que se exija la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos y que se lleven a cabo a la mayor brevedad investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en relación con las protestas, a fin de prevenir la impunidad.
  • Que se solicite a Eamon Gilmore, Representante Especial de Derechos Humanos de la UE y Enviado Especial para el proceso de paz colombiano, que lleve a cabo una misión de observación europea en Colombia para garantizar el respeto de los derechos humanos.
  • Que se continúe preservando la coherencia de la presencia sueca en Colombia. La confianza en Suecia es fuerte en Colombia, gracias a su apoyo constante y de largo plazo a la construcción de paz, la sociedad civil y a los organismos internacionales que trabajan por la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género. La exportación de Jas Gripen u otro material estratégico a Colombia, por otro lado, entraría en conflicto con los compromisos de Suecia con el desarrollo global y no debería contemplarse mientras existan dudas sobre el cumplimiento de actores estatales a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
  • Que se aliente a los representantes de Suecia en Colombia a utilizar el diálogo con la policía colombiana, en el marco de la cooperación apoyada por Asdi entre la policía sueca y colombiana, para enfatizar la importancia del diálogo y la resolución pacífica de conflictos y afirmar claramente que la ayuda sueca no puede financiar bajo ninguna circunstancia una institución que ejerce una violencia injustificada contra su propia población.
  • Que se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y exigencias al gobierno colombiano en relación con el apoyo sueco y europeo a la implementación del acuerdo de paz. De la misma forma que es importante reconocer los avances en la implementación, es relevante visibilizar y contribuir a la tomar medidas para dar respuesta a las   demoras y debilidades reportadas de manera permanente por la Misión de Verificación de la ONU, las organizaciones colombianas de derechos humanos y el Instituto Kroc, entre otros.

Eva Ekelund, Directora política, Act Iglesia de Suecia

Per-Olof Allerth, Director, Ankarstiftelsen

Lena Ingelstam, Secretaria General, Diakonia

Ulrika Strand, Secretaria General, Fundación Sueca para los Derechos Humanos

Anna Stenvinkel, Secretaria general, ForumCiv

Peter Brune, Secretario general de War Child

Anna Tibblin, Secretaria general de We Effect

Lotta Sjöström Becker, Secretaria General, SweFOR

Nasma Salim, Secretaria general, PeaceWorks